F., M. A. y F., J. M.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E

DICTAMEN DEL DEFENSOR PÚBLICO DE MENORES
Vienen a dictamen estos autos en los que la Sra. M. A. F., en representación de su hija menor J. M. F., nacida el 19/11/1988, solicita se dispense judicialmente a esta última el impedimento de edad para contraer matrimonio, en los testimonios del art. 167 del CCiv., toda vez que la joven no ha alcanzado aún el mínimo de edad legal para dicho acto.
Manifiesta que el grupo familiar pertenece al pueblo gitano, y que la joven ha contraído matrimonio hace más de un año y medio, según sus costumbres, con el joven J. A.T., actualmente de 18 años.
En la audiencia mantenida en presencia de V.S., prevista por los arts. 167 del CCiv. y 774 del CPCCN., mi representada ha manifestado su deseo de contraer el matrimonio civil, ya que "para los gitanos este matrimonio ya está celebrado".
Para mayor seguridad en cuanto a sus sentimientos, me volví a entrevistar a solas con mi representada en la Defensoría —e hice lo mismo por separado con el jovenT.,— y tras detenida conversación constaté la voluntad de unirse en matrimonio por parte de ambos, y confirmé la sensación de precoz determinación que a través del rito tradicional han demostrado mis representados. J. lleva el pañuelo propio de su costumbre ("El pañuelo en la cabeza de la mujer gitana, no solo indica su status de casada, simboliza también el honor del hogar" dice en "Encuentros y desencuentros entre gitanos y marplatenses" la Lic. Martha Arana).
Paralelamente, y en los términos del art. 26 de la ley 24946, tomé declaración a quien resulta ser el padre biológico del jovenT., Sr. R. K., sobre las costumbres del pueblo gitano en materia de uniones conyugales, a efectos de acreditarla en autos como hechos que tienen relación con la causa. Incluye el minucioso relato el detalle de la bandera roja que anuncia que se realizará un casamiento (el kasta bahtaló, o palo de la suerte) y otros elementos tradicionales. Debo señalar que la modalidad "fuga", que el padre biológico indica, tiene significación diferente a la del término usual, pues es una de las maneras "no formales" de acordar la unión marital, según acreditaré infra en citas antropológicas. Asimismo señalo que en las conversaciones, aunque no fue volcado en actas, se habló de arras en moneda de oro, entregada a la familia de la niña, también según costumbre.
El Sr. Fiscal, a fs. 20, ha prestado conformidad con la dispensa, por lo cual resta analizar desde la óptica de este Ministerio Público la procedencia de otorgar judicialmente tal excepción, que trae a colación compromisos internacionales de la República.
En pocos casos como en este advierto la necesidad de señalar que el Ministerio Público de Menores representa, primeramente y por su carácter de tal, el interés social en que los incapaces sean defendidos (art. 120 CN.). En cumplimiento de tal interés social representa a los mismos incapaces. Para el cumplimiento de esto debe tener en cuenta la distinción entre el deseo de los niños, su interés, y su derecho, habitualmente concordantes. Cuando no existe congruencia entre estos planos —por ejemplo cuando un niño no desea ver a alguno de sus progenitores— la difícil tarea del Ministerio Público es discernir el interés legítimo y proyectar esto al plano del verdadero derecho del niño, no siempre en consonancia con sus deseos.

1. El impedimento de edad para contraer matrimonio
Nuestra legislación ha sostenido el clásico impedimento de edad para brindar el consentimiento matrimonial, pero en el último siglo lo ha hecho a través de tres regímenes básicos, que no solo han variado en cuanto a las edades mismas en un proceso de paulatino aumento de ellas, sino también en materia de dispensa o excepciones al límite legal.

a) 12 y 14 años
El primero de estos sistemas, volcado en la ley de Matrimonio Civil, preveía originariamente como límites mínimos de edad para contraer matrimonio los 12 años de la mujer y los 14 del varón (art. 9, inc. 4 de la Ley 2393).
Con anterioridad a ella, el régimen civil remitía plenamente a los impedimentos canónicos, tanto en formulación como en las dispensas, a tenor del derogado art. 168 del CCiv. de Vélez Sársfield. La edad canónica era en el siglo XIX la de 12 años para la mujer y 14 para el varón a tenor del ordenamiento tridentino, fruto de una interesante evolución que excede el objeto del presente.
Baste decir que esas edades se establecieron firmemente en la Historia del Derecho a partir del triunfo en el Derecho Romano tardío del criterio de la escuela proculeyana, en cuanto a fijar la pubertad de modo general y unánime para todos los jóvenes. En contra, el criterio de la escuela sabiniana dejaba a la autoridad familiar la determinación del ingreso en la pubertad, según se dieran en el niño o la niña los signos de madurez sexual que ésta implica, con su consecuencia de nubilidad.
Primeramente se estableció el comienzo de la pubertad y la capacidad matrimonial de la mujer en 12 años, y se continúo discutiendo la del varón, de más difícil determinación fisiológica. Finalmente, el emperador Justiniano, en abril del año 529, dispuso "aboliendo la indecorosa práctica observada para examinar la pubertad de los varones, mandamos que así como se juzga que las mujeres son en todos casos púberes después de cumplidos los 12 años, así también se consideren púberes los varones después del transcurso de los 14 años, desapareciendo la deshonesta inspección de su cuerpo" (Codex, V, LXX, 3).
Más allá de las razones invocadas, resulta notorio que a partir de esa decisión política se desplaza la facultad interna de la familia en cuanto a considerar capaz a su hijo, y se la remite totalmente a la voluntad del legislador. Ese será el criterio dominante en el Derecho Común durante el milenio y medio siguiente, hasta nuestros días, y solamente en algunas instituciones de menor influencia (la emancipación por habilitación de edad, por ejemplo) se rescatarán atisbos del flexible criterio sabiniano en cuanto a decisiones familiares en cada caso concreto.
Nos escandaliza ahora la baja edad prevista para la nubilidad de la mujer, es decir, para aceptar social y jurídicamente la actividad sexual de la niña. Pero no debemos olvidar que hasta hace muy poco esa era la edad que el CPen. Argentino establecía como límite para la violación, excluyendo considerar la voluntad de la criatura (arts. 119 y 120 CPen.). Levantar ese límite de edad tuvo fuertes oposiciones en el Congreso, como la del Diputado Estrada, en los debates de 1997-1998. Finalmente sólo se pudo alzar la edad a 13 años (art. 119, Ley 25087), distante aun de los catorce que establece en general la ley civil para el consentimiento para los actos lícitos (art. 921 del CCiv.).
La incongruencia entre la edad nupcial de la mujer y la de reconocimiento de capacidad, aún limitada como menor adulto, originó fuertes críticas doctrinarias. Así, entre otros, Bibiloni dijo: "Permitir el matrimonio de pobres niños que nada saben de la vida, a quienes las leyes no autorizan ni siquiera para gobernar sus bienes y sus personas, es condenarlos a la desilusión y a la desunión casi necesariamente" (com. al art. 544 del Anteproyecto).
El Derecho comparado del siglo XIX y de principios del siglo XX comenzó a levantar las edades, siempre manteniendo diferencia entre las del varón y la mujer. Se continuaba tomando como base la pubertad —recaudo clásico romano— pero se añadían valoraciones en cuanto a la capacidad psicológica para el acto jurídico familiar. Así, el Código Napoleón de 1804 y el Código Italiano de 1865 establecen las edades en 18 y 15 años para varón y mujer respectivamente, con dispensa estatal para edades menores; los Códigos de Holanda y del Brasil de 1914, en 18 y 16 años; el Código Suizo, en 20 y 18 años; y el Código Civil Alemán, en 21 y 16 años (con la más amplia brecha entre varón y mujer que recuerda el Derecho, hoy ya reformada en ese ordenamiento, como veremos).
El mismo Código de Derecho Canónico, en 1917, subió las edades, en su canon 1067: "El varón antes de los 16 años cumplidos, y la mujer antes de los catorce también cumplidos no pueden contraer matrimonio válido" y agregaba en el segundo apartado: "Aunque es válido el matrimonio celebrado después de esa edad, procuren, sin embargo, los pastores de almas apartar de él a los jóvenes antes de la edad en que suele contraerse matrimonio según la costumbre de cada región". Esta tendencia a evitar los matrimonios precoces se manifestaba también en la restricción de competencia para otorgar las dispensas, reservada al Sumo Pontífice, con trámite dilatado, cuando la diferencia excedía de un año (Motu propio De Episcoporum Muneribus), y en la jurisprudencia de los tribunales eclesiásticos sobre nulidad por inmadurez psicológica, luego volcada en la reforma del Codex.

b) Catorce y dieciséis
Los proyectos de modificación legislativa en la primera mitad del siglo XX receptaron las tendencias a evitar la precocidad matrimonial. Así, tanto el anteproyecto Bibiloni (art. 544 citado) como el proyecto de 1936 (art. 339) subían la edad a 18 años para el varón y 16 para la mujer, que es la que rige a fines de siglo en nuestro derecho. Siempre mantenían la brecha de 2 años justificada por la mayor madurez de la adolescente mujer.
La reforma del derecho de familia operada en diciembre de 1954 optó por seguir el sistema canónico entonces vigente, es decir 16 años para el varón y 14 para la mujer. Pero incorporó, en la tradición de las edades inferiores para la esposa, dos excepciones basadas en el embarazo y en las causales de perdón de la ofendida en casos de delitos entonces llamados contra la honestidad. Así, el art. 14 de la Ley 14393 establecía: "Para contraer matrimonio se requiere que la mujer tenga 14 años cumplidos y el hombre 16. podrá contraerse válidamente con edad menor cuando hubiera concebido la mujer, de aquel con quien pretenda casarse. Podrá también obtenerse dispensa de la edad en los supuestos contemplados en el art. 132 del CPen., la que será acordada a pedido de los interesados por el juez de la causa, en las condiciones establecidas por dicho art. El matrimonio celebrado en infracción a la edad mínima no podrá anularse si los cónyuges hubiesen cohabitado después de llegar a la edad legal, ni cualquiera fuese la edad, si la esposa hubiese concebido".
Sobre la inconveniencia de autorizar "el perdón de la ofendida" mediante el matrimonio del victimario con la víctima a edades tempranas tuvimos ocasión de expedirnos in extenso en el caso "H., Marta B." en abril de 1982 (publicado en ED 101, 225-235). Nótese que, aun en su liberalidad, el nuevo art. 132 del CPen. exige la edad de 16 años para el avenimiento de víctima y victimario en delitos contra la integridad sexual.
Paralelamente a nuestra legislación, el proceso del derecho comparado tendía a subir aun más la edad núbil, llegando en la mayoría de los casos a los 18 años. En consonancia con ello, el nuevo Código de Derecho Canónico promulgado en 1983 mantuvo para la validez del matrimonio, básicamente, las edades antedichas, pero permite a cada conferencia episcopal establecer una edad superior para la celebración lícita del matrimonio (canon 1083, vigente). Dio recepción normativa también a las nulidades por inmadurez, absolutamente ligadas a la precocidad de la decisión matrimonial.
Como dije, en las mismas décadas finales del siglo, varios países europeos unificaron en 18 años la edad requerida a ambos contrayentes, eliminando los 2 o 3 años de diferencia que clásicamente existían entre varón y mujer (así Alemania, Suiza, Bélgica, Rusia, Dinamarca, Grecia, Italia y Hungría, aunque estas dos últimas con dispensa a partir de los dieciséis). En América llevaron las edades a 18 años para ambos sexos, casi todos los estados de EEUU (salvo Mississipi que la subió a 21 años y Arkansas que la mantiene en 16 años), Cuba, Guatemala, etc.
El devenir del Derecho avanza claramente hacia el rechazo de la precocidad en el matrimonio.

c) Dieciséis y dieciocho
El proceso de reforma del derecho de familia en Argentina siguió carriles propios. Ni se mantuvo en las edades más bajas, como el Derecho Canónico (aun con posibilidad de subas por naciones), ni llevó uniformemente las edades a los 18 años. Mantuvo los precedentes de los proyectos arriba señalados, subiendo a dieciséis la edad de la mujer (coherentemente la reforma penal de 1998 llevó a esas edad el tipo del art. 120 CPen. y la capacidad de avenimiento en delitos sexuales creada por el art. 132 del CPen., como dije, en la versión de la Ley 25087) y a 18 la del varón.
Esta última decisión tuvo uno de sus fundamentos en la investigación estadística que realizaron, en buena parte con material de la entonces Asesoría de Menores e Incapaces n. 2, la licenciada Passanitti y el Dr. José L. de Imaz (conocida como "El Divorcio en Cifras") que probó una gran inestabilidad matrimonial cuando la edad del marido era muy baja en el momento de contraer nupcias, y también, aunque en menor medida en los casos de esposas jóvenes. Esta comprobación fue tenida en cuenta en las comisiones legislativas, sobre todo en el H. Senado de la Nación.
La Ley 23515 de 1987, en consecuencia, estableció como impedimento "tener la mujer menos de 16 años y el hombre menos de 18 años" (art. 166, inc. 5 del CCiv.). Pero en el art. 167 introduce el instituto canónico de la dispensa de edad, que "se otorgará con carácter excepcional, y solo si el interés de los menores lo exigiese".
Para casos particulares entonces, la ley ha previsto la institución de la dispensa judicial, "facultad otorgada por el legislador a la autoridad competente para autorizar la celebración del matrimonio a pesar de que medien impedimentos entre quienes pueden contraerlo" (Zannoni, Derecho Civil, Derecho de Familia, t. I, § 133).
La antigua Ley de Matrimonio Civil no conocía el instituto de la dispensa. La Ley 14394 lo incorporó, pero limitado a los supuestos del art. 132 del CPen. (violación, rapto, estupro o abuso deshonesto), para permitir la excusa absolutoria de la responsabilidad penal del autor —con las apreciaciones negativas que sobre el particular hemos sostenido desde hace décadas— así como a los casos en que la mujer hubiese concebido de aquel con quien pretende casarse. En este último sentido han sido numerosos los fallos en los que los jueces otorgaron la dispensa del impedimento de edad cuando la menor estaba embarazada, situación ajena al caso de autos.
La norma actualmente vigente no prevé supuestos específicos, sino que con una fórmula genérica —"si el interés de los menores lo exigiese"— permite al juez apreciar las circunstancias particulares del caso y, previa audiencia con el o los menores, autorizar o no el matrimonio de los mismos.

2.- El marco constitucional
La amplia reforma constitucional de 1994, y el criterio monista en cuanto a la aplicación de los tratados internacionales en el derecho interno que han sostenido los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de 1993, obligan a un análisis más pormenorizado del impacto de normas de carácter constitucional en la interpretación del tema.
Varias son las normas de jerarquía constitucional pertinentes:
a) En primer lugar aquellas que garantizan el derecho al matrimonio. Así, la más antigua del todas ellas, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que "toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad" (Art. VI).
Con mayor precisión, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el art. 16, inc. 1, consagra que "los hombres y las mujeres, a partir de edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia".
El recuerdo de las restrictivas Leyes de Nüremberg, fruto de un régimen que persiguió especialmente al pueblo gitano, campea en esta afirmación que limita las facultades estatales para restringir el derecho a casarse de quienes tengan madurez para ello.
Vuelve sobre esta afirmación la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial en su art. 5, d) iv) cuando establece especialmente el derecho "al matrimonio y a la elección del cónyuge" entre las garantías de igualdad ante la ley.
Así lo recalcará, para nuestro continente, el Pacto de San José de Costa Rica, cuando en su art. 17, inc. 2, asegura: "se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención".
En 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en su art. 10, I reafirmó que "el matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges", cuestión que también gana importancia en el caso.
Como compendio de estas garantías, el art. 23 inc. 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresa: "Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene edad para ello".
b) En segundo término, existen normas de rango constitucional que vedan el casamiento a temprana edad. Así, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer en su art. 16, inc. 2 dice que "no tendrán efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial".
Es de obligada interpretación en este texto si el término "niño", en el concepto de "matrimonio de niños" está usado en el sentido técnico amplio de la Convención sobre los Derechos del Niño (desde la concepción hasta los 18 años) o por lo contrario se refiere a niño en sentido de impúber, diferenciándolo de adolescente, término éste que jamás es usado en la citada Convención.
Me inclino a sostener que en el texto aludido se utiliza "niño" en sentido específico de impúber, por dos razones. En primer lugar el antecedente sistemático de la Convención en estudio de diciembre de 1979, no es la Convención sobre los Derechos del Niño, 10 años posterior, sino los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos, de diciembre de 1966. En el primero de ellos, específicamente en su art. 10.3 se sostiene: "Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación a cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra inF.,til". Vuelve así este instrumento internacional a dar sentido en derecho al antiguo término legal romano adolescens de específico contenido jurídico, como distinto al de "niño".
Por otra parte, si la norma primeramente citada vedara el matrimonio de "niños" hasta los 18 años (interpretación según art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño) no tendría sentido el requerimiento de fijación de edades mínimas que incluye el mismo art. 16.2 CDN.
c) No dejo de advertir que existe también una norma de rango constitucional, que establece un marco de interpretación en cuanto a los derechos de las personas menores de edad. Es el art. 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño que garantiza: "Los Estados parte respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención".
d) Finalmente, y en el plano de los tratados que no tienen jerarquía constitucional pero que obligan a la República, se encuentra lo previsto por la Convención de Nueva York de 1962 sobre el "Consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraerlo y el registro de ellos", aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por la Argentina por Ley 18444, que en su art. 2 dispone que "los Estados Partes... adoptarán las medidas legislativas necesarias para determinar la edad mínima para contraer matrimonio. No podrán contraer legalmente matrimonio las personas que no hayan cumplido esa edad, salvo que la autoridad competente, por causas justificadas y en interés de los contrayentes, dispense el requisito de la edad".
La ley interna argentina responde plenamente a este compromiso, y al fundar la dispensa en el interés de los menores, responde también al art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño cuando prevé que "en todas las medidas concernientes a los niños... una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".

3.- La objeción del Comité de Derechos del Niño
La cuestión de la edad mínima para contraer matrimonio ha llamado la atención de los expertos reunidos en el Comité de los Derechos del Niño creado por los arts. 13 y ss. de la misma Convención. Ello sin dudas en el marco de las graves violaciones a los derechos humanos que sufren las criaturas en el mundo entero guarda una importancia relativa, pues ni es el problema más grave de la niñez en Argentina, ni el corto número de matrimonios de menores de edad provoca alarma alguna en nuestra realidad. En la Capital Federal, sobre 16.042 matrimonios contraídos en 2002, solamente en 386 uno o ambos cónyuges era menor de 21 años (2,4 %) y de ellos, la casi totalidad estaba por encima de los 18 años. En 2003, con nupcialidad declinante, de 15.865 matrimonios, sólo en 279 (1,75 %) se repetía esta circunstancia. Las dispensas por debajo de los 16 años son casi inexistentes. Puede haber porcentajes algo superiores en el interior del país, y especialmente en las provincias del Norte.
La objeción del Comité, por lo tanto más teórica que práctica, merece empero una reflexión, pues este dictamen podría propiciar una dispensa contraria a lo aconsejado por el alto organismo internacional, con su secuela de denuncias en tal ámbito.
Ya en 1994, cuando la República Argentina produjo su primer informe ante el Comité de los Derechos del Niño en Ginebra, se hizo referencia a la aparente discriminación entre varones y mujeres en materia de edad para casarse, pero sin aclarar si los perjudicados eran unos u otros.
La experiencia nos demuestra que son los jóvenes los que pretenden casarse, a veces contra opiniones de sus mayores, de modo tal que una edad superior para casarse sería en verdad una cortapisa al derecho de los adolescentes varones, y una ventaja para la pretensión de las mujeres.
Pero el Comité, cuya verdadera intención es apuntar contra las formidables reservas argentinas a la Convención, y especialmente la realizada al art. 1 y la referida a la exportación de niños por parte de agencias internacionales de adopción, vuelve a señalar en el informe de 2002 esta cuestión que ahora nos atañe. Dice allí:
"25.- El Comité reitera su preocupación por el hecho de que en la legislación argentina haya una diferencia en la edad mínima para contraer matrimonio aplicable a los varones y la que se aplica a las mujeres.
26.- Teniendo en cuenta los arts. 1 y 2 de la Convención, así como otras disposiciones conexas de la misma, el Comité recomienda al Estado parte que revise su legislación para aumentar la edad mínima de las mujeres para contraer matrimonio y equipararla a la de los varones."
En sesión plenaria y ampliada del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de agosto de 2002, el suscripto, en representación del Ministerio Público, fundamentó por qué la República Argentina no debía retirar reserva alguna, ni aceptar prima facie imposiciones respecto de la edad núbil de la mujer. Mencioné en aquella ocasión a nuestros pueblos indígenas, con identidad y preexistencia cultural protegidas constitucionalmente (art. 75, inc. 17 de la CN.), con arraigada costumbre de precocidad en la nubilidad, y práctica imposibilidad de obtener dispensas judiciales por la lejanía de sus asentamientos respecto de las sedes tribunalicias. Hoy se nos plantea otro caso de sectores integrantes de la sociedad argentina, como es la comunidad gitana. Pero sostener la prudencia de la distinción de edades entre mujer y varón, no implica habilitar sin más matrimonios de jovencitas por debajo de los 16 años.
Reconozco que la sensibilidad internacional ha sido exacerbada por el caso ocurrido en septiembre de 2003 en la localidad transilvana de Sibiu, Rumania, donde una niña gitana de 12 años, llamada Ana M. Cioaba, "contrajo matrimonio" con el adolescente Mihai Birita, de 17 años, en una ceremonia propiciada por el padre de la novia, Florin Cioaba.
El rito fue transmitido por la televisión rumana, y en la mitad del casamiento el llanto de la "princesa" y su huida demostraron que se casaba contra su voluntad. Finalmente la niña fue persuadida y el matrimonio se celebró y se habría consumado, según la tradicional exhibición de la sábana manchada con sangre al día siguiente.
La Comisión para la Protección del Niño competente en la región central de Rumania, presidida por la funcionaria Anca Dragan intervino y decidió "que ambos novios deben vivir cada uno con su familia hasta que lleguen a la edad de casarse legalmente", que en ese país es 16 y 18 años, igual que en Argentina.
El padre, autoproclamado "rey de los gitanos", apareció desafiante en televisión tres días después del "enlace" para defender la validez de la boda, diciendo en oposición a la Ley: "Como padre, sé qué les conviene a mis hijos. Hay leyes que se deben respetar. Nosotros, los gitanos, tenemos la tradición de casar a nuestros hijos cuando aún son menores".
En cambio, y en claro contraste con esta actitud prepotente ante la Ley, un miembro del parlamento rumano, de origen gitano, Madalin Voicu, calificó esta boda como una ofensa al pueblo gitano, diciendo: "Una niña de 12 años no puede entender la noción de matrimonio y las obligaciones que conlleva casarse".
Intervino también en la cuestión la Baronesa Emma Nicholson, miembro del Parlamento Europeo y enviada de la Unión Europea en Rumania, con enérgicas condenas a la unión de niños. El padre de la niña, burlón, dijo que la invitaría al bautismo de su nieto. La cuestión se encuentra en plena investigación penal.

4.- Los recaudos de la legislación nacional
En materia tal delicada como la decisión matrimonial entre jóvenes menores de edad, la legislación argentina ha sumado, en realidad, recaudos que permitan asegurar la prudencia de la constitución de un vínculo de derecho privilegiado por la ley y protegido por la CN.

a) La voluntad de los contrayentes
La preocupación por el llamado "matrimonio de niños" no debe existir respecto de nuestro derecho, pues no son los padres de los contrayentes los que deciden el casamiento, sino los jóvenes mismos. En tal sentido, operan todas las garantías de tratados de derechos humanos que he citado, sumadas a la existencia de tribunales especializados que deben oír personalmente a los jóvenes y a un Ministerio Público también especializado, cuya existencia es poco común a nivel de derecho comparado.
En el caso hemos constatado en dos entrevistas que los jóvenes conviven desde hace año y medio, que desean casarse, y que seguramente lo harán apenas tenga J. edad para ello o resolución judicial al respecto. No ha quedado en claro ni acreditado, por lo contrario, el motivo fundante de la urgencia que lleve a adelantar en pocos meses el matrimonio, ni la excepcionalidad que exige la norma legal aplicable.
b) El asentimiento de los padres
A la voluntad y consentimiento de los jóvenes se suma el asentimiento paterno-materno, facultad de ejercicio conjunto a tenor del art. 264 quater, inc. 1 del CCiv., que refleja la norma constitucional del art. 16, inc. d, de la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación de la Mujer, entre otras.
En el caso, es solo la madre la que asentirá por J., y del mismo modo por J., aunque quien dice ser el padre biológico del joven interviene activamente en la gestión del matrimonio, sin haber reconocido la filiación de su hijo. Pero existe una clara actitud favorable de todo el entorno, que no advierte elemento disvalioso alguno en la precocidad matrimonial.
c) La diferencia de edad entre varón y mujer
Como he sostenido ut supra, la diferencia de edad en el reconocimiento de adultez, y de nubilidad en consecuencia, entre las mujeres y los varones se remonta a fuentes del antiguo derecho romano. La experiencia de mayor precocidad en la madurez de las niñas, se mantuvo durante siglos como uno de los tópicos más uniformes del derecho. Mantener esta diferencia garantiza que la joven, aun precoz, no case con otro adolescente de su misma edad, sino por lo menos algunos años mayor que ella. Así, la aparente discriminación, termina siendo un reconocimiento de la naturaleza de las cosas y un recaudo prudente de la ley tanto civil como canónica.
En el caso conversando con los dos jovencitos se advierte palmariamente esta cuestión, pues pese a sus 18 años cumplidos llama la atención la adolescencia del pretenso contrayente.
d) La dispensa judicial
Y sobreabundantemente, en los casos en que las edades de quienes pretenden contraer matrimonio se encontraren por debajo del límite legal, es el tribunal el que considera y otorga o niega la dispensa, con el debido proceso y plenas posibilidades recursivas.
Esto añade a los recaudos generales de la ley, la responsabilidad del Ministerio Público en primer término, y del tribunal en definitiva, sobre permitir o no un matrimonio con tal grado de precocidad.
V. Valoración de la oportunidad de la dispensa
Debe distinguirse en el caso que no se trata de una venia judicial para contraer matrimonio, supliendo el asentimiento paterno o materno, cuyas eventuales motivaciones son taxativamente fijadas por la ley, sino de una dispensa que excluye el caso de la vigencia legal del impedimento.
Si se tratara de una joven de 15 años que pretendiera contraer matrimonio contra la voluntad de sus padres, obviamente el criterio tendría que ser fuertemente restrictivo. Pero en este caso, son también los padres, en el marco de las costumbres de su comunidad, los que desean vivamente el matrimonio, y lo expresan así con singular insistencia.
En este contexto, cabe un análisis prudencial sobre si hacer primar la decisión general de la ley sobre una edad mínima para contraer matrimonio, por sobre la consideración unánime de todos los interesados.
La actitud de J. y J., al querer contraer matrimonio según la ley argentina, expresa un positivo valor de integración. No se conforman con una boda según sus tradiciones, desean legalizar la unión, incorporarse ellos e incorporar a sus futuros hijos en el pleno marco de protección constitucional del matrimonio.
Demorarlos por que sí, a la sola espera del paso de unos meses, cuando hace mas de un año que conviven y son tratados y reconocidos como marido y mujer en su ámbito social, parecería no merecer sino el calificativo de exceso formal.
Pero no es así, pues de lo que aquí se trata no es de impedir el casamiento de mis representados —que lo podrán hacer sin dispensa en pocos meses, sino de valorar una excepción en razón de las costumbres de un sector de la comunidad nacional, y de comprometer el acto estatal jurisdiccional en el aval de una precocidad nupcial no querida por la Ley.
El respeto profundo por las costumbres de cada uno de los múltiples sectores componentes de una sociedad cosmopolita, tiene como límite la Ley, y como uno de sus fundamentos el interés superior de los niños. La mera costumbre social no puede ser receptada en derecho, si no es acorde a valoraciones que la ley sostiene, y la precocidad nupcial se encuentra incluida entre estas consideraciones.
a) La costumbre gitana
Se ha dicho sobre costumbres gitanas en reciente estudio español: "Los matrimonios suelen realizarse entre los 15 y 20 años, siendo aun muy habitual que las mujeres sean más jóvenes. Algunos grupos mantenían, hasta no hace mucho, la costumbre del precio de la novia, pago realizado por la familia del novio como indemnización por la pérdida de la hija y como garantía de que recibirá un buen trato. El matrimonio es una de las tradiciones más características del pueblo gitano. En el matrimonio tradicional, el noviazgo es corto. Aunque la elección del futuro cónyuge es ahora casi libre, los padres suelen dar un consejo sobre cuál es, a su juicio, la persona más conveniente. El paso siguiente es el pedimento de la novia. Antiguamente los pedimentos y las bodas los acordaban los padres pero hoy las cosas han cambiado" (García H. y otros, Minorías Étnicas: gitanos e inmigrantes, Madrid, 1996).
La boda gitana en la actualidad comienza a resentirse del cambio que está sufriendo la comunidad gitana. Un ejemplo de ello es la fuga, que antes era una fórmula de presión para situaciones infrecuentes, ahora es considerada una forma más de boda. Los cambios también están afectando al conjunto de elementos culturales vinculados al matrimonio no sólo en lo referente al rito, sino también en la edad del casamiento, y en el número de hijos. Si el matrimonio se decide celebrar por el ritual gitano, toda la ceremonia girará en torno a la virginidad de la novia. Es condición imprescindible para que se celebre la boda gitana el que la novia sea virgen, hecho que comprueba ese mismo día la ajuntadora y que es motivo de orgullo para toda la familia. La ajuntadora cobra entre 300 y 400 euros por ello. Las bodas gitanas tienen un marcado carácter festivo. Se reúnen todos los familiares y amigos y participan ritualmente todos los componentes más importantes de la estructura social de la comunidad gitana: El papel de las ancianas, del padre, el de los linajes implicados, el baile de los hombres, de la novia en brazos, la separación espacial de ambos sexos durante este momento... Otra forma de unión es la fuga de la novia a la casa de algún pariente del novio. Al día siguiente, se da por supuesta que la boda gitana debe celebrarse aunque no existiera, en principio, consentimiento de los padres. Una tercera fórmula, consiste en la fuga de los novios a la casa del padre del novio o de algún familiar próximo. En este caso no suele celebrarse boda gitana, y la pareja tardará en ser considerada con el mismo respeto que los casados por las fórmulas anteriores" (Informe elaborado por la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid para el Diario El País en 2003).
Reconociendo valores culturales a las costumbres gitanas, aunque siempre con marcada preocupación por lo prematuro de las uniones, también se sostuvo en España: "La virginidad de la mujer antes del matrimonio, que es un valor cristiano en sí, ha venido siendo un signo característico de la comunidad gitana, si bien ha dado lugar a que muchas jóvenes, con frecuencia, contrajeran matrimonio prematuramente." (79° Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Madrid, noviembre de 2002).
b) La precocidad como disvalor
Por todo lo anteriormente dicho, y aun con plena consideración y respeto a las costumbres gitanas, no podemos considerar sino disvalioso y no querido por el Derecho, el consentimiento matrimonial precoz. Toda la evolución del impedimento de edad, en creciente exigencia de madurez, así lo demuestra.
Es por ello que, sin ánimo de juzgar éticamente a mis jóvenes representados ni a sus padres, inmersos en un contexto cultural tradicional, no puede darse sin más el mensaje de tolerancia a una costumbre que, a tenor de normas antedichas, no resulta adecuada a la gravedad que encierra la decisión matrimonial.
El instinto de la dispensa se encuentra previsto para situaciones particulares, fruto de circunstancias personales, y no para la aceptación de costumbres sociales contrarias al imperativo legal. De ser así, más que la equitativa solución de un caso particular, pasaría a significar la exclusión de un colectivo del marco de las normas generales de la República. En realidad estaríamos así discriminando a las niñas gitanas, excluyéndolas de la protección de las normas constitucionales.
c) La función de la Ley y de la dispensa
Valorando como hemos hecho el deseo de los jóvenes en cuanto a contraer matrimonio según la ley argentina —y deseando que lo hagan conscientemente con edad suficiente para ello— no podemos dejar de reflexionar sobre la doble función de la Ley.
Por un lado, su fuerza coactiva obliga o prohibe (y sobre esta prohibición operaría la dispensa, enervándola). Pero por otro, la fuerza directiva o docente de la Ley indica a la comunidad el valor de lo justo.
Y en tal sentido una dispensa de edad a la niña indicaría mal a la comunidad gitana el verdadero camino de la integración, que es avanzar paulatinamente hacia la aceptación de una mayor edad en los matrimonios, aun respetando sus costumbres y sus ritos, que en nada los perjudica y que son parte también del rico venero de la gran comunidad argentina.
Una legislación como la nuestra, que mantiene en el bajo límite de 16 años la nubilidad de la mujer, no puede ser tachada de estricta o limitativa, sino de prudentemente justa, y a ella deberían ir ciñéndose los miembros de todas las colectividades, por respeto a los derechos humanos de sus niñas.
Así planteada la dispensa pedida, parece más un deseo de que se acepte la costumbre de precocidad del pueblo gitano, antes de que se solucione alguna situación particular de los contrayentes. Y cuando deseo y derecho se contraponen, no puede el Ministerio Público optar sino por el derecho.
d) La falta de motivos urgentes
Apenas cuatro meses faltan para que J. alcance los 16 años exigidos por la ley argentina para brindar el consentimiento matrimonial. Este corto lapso serviría, a la vez, tanto para justificar la excepción como para negarla.
¿Qué importancia puede tener que se casen ahora o en noviembre?, nos preguntaríamos. Ninguna para ellos. Salvo que si se casan en noviembre lo será por libre voluntad de ellos mismos, con asentimiento de sus madres, en el marco de la ley argentina. Si lo hacen ahora, será el Estado Nacional el que agregue a los mismos elementos antedichos una dispensa que aproxima al país a la aceptación del matrimonio de niños, y creará responsabilidades y críticas de orden internacional. El mensaje será la exclusión de las niñas gitanas de la protección general que las convenciones de Derechos Humanos otorgan a todo niño, y su sometimiento a las tradiciones contrarias a ellas. Con su consecuencia de emancipación precoz en cuanto a la plena capacidad civil, en tempranas edades, que ley alguna ha considerado jamás a esos efectos.
No es este el criterio que debe sostener el Ministerio Público. Dijimos ya en 1982, en el caso aludido ut supra: "No puede argumentarse que la menor que solicita la venia judicial para contraer matrimonio viva en concubinato, ésta deba otorgarse, pues entonces bastaría con que dos personas se fueran a vivir juntas para que hubiera que concederles la autorización para celebrar dicha unión, por encima de toda oposición y aun de todo impedimento" y "Ni el concubinato ni el mismo embarazo de la mujer pueden crear ambiente de hecho consumado que obligue al tribunal que debe entender en el pedido de venia (en este caso de dispensa), a obviar la reflexión sobre el sentido profundo del matrimonio y las responsabilidades que crea para la menor" (ED 101-226).
6.- Conclusión
Por lo expuesto, y aun admitiendo las dudas que el caso crea, y la dificultad de contrariar el deseo expreso de los jóvenes, dictamino oponiéndome al pedido de dispensa del impedimento matrimonial de edad respecto de mi representada J. M. F., de 15 años.
Por encontrarse afectadas normas de jerarquía constitucional, formulo expresa reserva del caso federal.- José A. Álvarez (Defensor de menores e incapaces).

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 4

Buenos Aires, 16 de julio de 2004
Considerando:
A fs. 9 se presenta la Sra. M. A. F., progenitora de la menor J. M. F., a solicitar la venia judicial para que su hija pueda contraer matrimonio con el Sr. J. A. Tan.
El art. 166 del CCiv. dispone que son impedimentos para contraer matrimonio... 5) Tener la mujer menos de 16 años y el hombre menos de 18 años; estableciendo a su vez el art. 167 del citado código que "Podrá contraer matrimonio válido en el supuesto del art. 166 inc. 5, previa dispensa judicial". Tal dispensa "se otorgará con carácter excepcional y solo si el interés de los menores lo exigiese...". Dicha fórmula genérica permite al juez apreciar con amplitud cuando puede autorizar el matrimonio, debiendo evaluar ante todo el interés de los menores (conf. Bossert-Zanoni, "Manual de Derecho de Familia, ps. 108 y 109).
Asimismo, el derecho a contraer matrimonio y constituir una familia resulta consagrado por la Declaración Universal sobre los Derechos del Niño y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre).
En tal sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 16 ha establecido el mismo derecho a casarse y fundar una familia a partir de edad núbil; y el Pacto de San José de Costa Rica también reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, no debiendo estas últimas afectar al principio de no discriminación de dicha Convención.
En lo que hace al caso concreto a resolver, coincido con el Sr. Defensor de Menores luego de haber entrevistado en dos oportunidades a los menores —en concordancia con lo dispuesto por el art. 12 de la Convención Universal sobre los Derechos del Niño— y a sus progenitores, en que los contrayentes manifiestan una clara voluntad de contraer matrimonio, debiendo tenerse en cuenta asimismo que se encuentran conviviendo desde hace un año y medio (conf. acta de fs. 19).
En cuanto al hecho de que la menor cumpla los 16 años en el mes de noviembre próximo, convalida en este caso la dispensa solicitada, toda vez que dicho argumento es ambivalente, dado que cabe presumir que enT., breve período de tiempo no ha de adquirir mayor madurez la menor peticionante.
Por lo demás, y luego de las entrevistas mantenidas, considero que hay un fuerte deseo por parte de ambos menores de contraer matrimonio sin dilación alguna para salir del estado de unión de hecho en que actualmente se encuentran y que no otorgar la autorización en tales circunstancias implicaría contrariar su deseo y dañarlos psicológicamente.
De acuerdo a ello y teniendo como consideración primordial lo que contempla el superior interés del niño (art. 3 Convención Universal sobre los Derechos del Niño), cabe otorgar la dispensa prevista por el art. 167 del CCiv.).
En atención a los argumentos expuestos, normas legales citadas, oído que fue el Sr. Defensor de Menores a fs. 23/30 y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal a fs. 20, resuelvo:
Otorgar la dispensa prevista en el art. 167 del CCiv. y autorizar en consecuencia el casamiento de la menor J. M. F., con el Sr. J. A.T., a cuyo fin expídase testimonio. Notifíquese y al Sr. Defensor de Menores en su despacho y al Sr. Fiscal. Silvio P. Pestalardo -Juez

DICTAMEN DEL FISCAL GENERAL DE CÁMARA
1.- Vienen los autos a conocimiento de V.E., en razón del recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor de Menores de la instancia de grado a fs. 33, contra la resolución del Sr. Juez a quo de fs. 31/32.
A fs. 52 V.E. corre vista, a fin de que esta Fiscalía de Cámara expida su opinión.
2.- Jéssica M. F., nacida el 19/11/1988 —dentro de 3 meses cumplirá 16 años de edad—, y J. A.T., quien actualmente tiene 18 años de edad, quieren contraer matrimonio conforme al ordenamiento civil vigente.
En autos se presentó M. A. F., —madre de J. M.—, quien en su oportunidad autorizara a su hija a contraer el matrimonio pretendido (ver documento de fs. 1/2, donde la firma de la presentante se encuentra certificada por escribano), y solicitó la dispensa legal del impedimento de edad que veda dicha unión (conf. inc. 5 del art. 166 del CCiv.).
Según sigue el relato de los presentantes, los nombrados hace más de un año y medio que conviven en "matrimonio" según la costumbre gitana, medio cultural al que pertenecen (v. fs. 9, fs. 19, fs. 21, fs. 22 y dictamen del Defensor de Menores de la instancia de grado, quien entrevistase personal e individualmente a los menores). Asimismo, sostienen que dicho acto se celebró según las formas de la comunidad a la que pertenecen.
El Sr. Fiscal de la instancia de grado nada observó respecto de la viabilidad de la autorización para contraer matrimonio pretendida. En el mismo sentido resolvió el Sr. Juez de grado, quien —a fs. 31/32—, otorgó la dispensa que prevé del art. 167 del CCiv. Decisorio ante el cual se alza el Sr. Defensor de Menores de Cámara en recurso que funda a fs. 43/50.
3.- Según el inc. 5 del art. 166 del CCiv., es un impedimento para contraer matrimonio el hecho que la mujer tenga menos de 16 años y el varón menos de 18.
Sin embargo, según lo prescribe el art. 167 del mismo Código, dicho impedimento admite dispensa judicial. Ésta será otorgada con carácter excepcional y sólo si el interés de los menores lo exigiese (conf. Mazzinghi, "Derecho de Familia", t. 1, p. 176; Belluscio-Zannoni, "Código Civil y Leyes Complementarias; comentado, anotado y concordado", t 7, p. 731).
Para esta Fiscalía, el punto central a resolver se encuentra en determinar por dónde pasa el interés del menor que, llegado el caso, encuadrará —o no— dentro de los supuestos excepcionales para los cuales la ley habilita la extensión judicial de la dispensa.
En este sentido, sin dejar de destacar que, en definitiva, es la prudencia judicial de V.E. la que debe valorar si la dispensa conviene al interés de la menor en cuestión, esta Fiscalía opina que el decisorio recurrido no aparece contrario a derecho.
En efecto, cuando un cuerpo normativo establece una edad mínima para contraer matrimonio para todos, pero como una presunción iuris tantum susceptible de dispensa en supuestos concretos, adopta una solución que equilibra la seguridad y la justicia del caso concreto (conf. López Alarcón y Navarro Valls, "Curso de Derecho Matrimonial Canónico y Concordado", p. 98, ed. Técnos, Madrid, 1984). De esta forma, se abre al Juez un margen prudencial para buscar la solución más ajustada para el entuerto.
El impedimento de edad representa la formalización por derecho positivo de la edad núbil, es decir, la formalización de un tipo medio de aquella edad que, una vez alcanzada, hace a los sujetos mínimamente capaces para asumir el estado matrimonial (conf. Aznar Gil, "El Nuevo Derecho Matrimonial Canónico", p. 153, Ed. Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, 1983).
Ante las circunstancias del caso bajo examen, en las que los menores que pretenden contraer matrimonio civil conviven desde hace aproximadamente un año y medio según las costumbres culturales gitanas, y que Jéssica manifestó (v. fs. 22) su intención de contraer matrimonio civil, no constando oposición a ello por parte de su madre, y restándole prácticamente 3 meses para cumplir los 16 años (v. partida de nacimiento de fs. 11), esta Fiscalía no encuentra objeción para que se otorgue la dispensa solicitada; dadas, como queda dicho, las circunstancias que acaban de exponerse.
Por estas breves consideraciones, quiera V.E. tener por evacuada la vista conferida a fs. 52.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2004.- José M. Medrano.-Fiscal General.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2004
Considerando:
1.- Contra la resolución de fs. 31/32, que otorga la dispensa prevista en el art. 167 del CCiv. y autoriza, en consecuencia, el casamiento de la menor J. M. F., con J. A.T., alza su queja el Defensor Público de Menores, quien la mantiene en el dictamen de fs. 43/50.
2.- La Declaración Universal de Derechos Humanos señala que los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad y religión, a casarse y fundar una familia (art. 16).
Ahora bien, por razones de política legislativa cada Estado regula excepcionalmente los casos de matrimonios celebrados por contrayentes con edades inferiores a las normas. Así, la Convención de Nueva York de 1962, aprobada por ley 18444, dispone que los Estados partes en la Convención adoptarán las medidas legislativas necesarias para determinar la edad mínima para contraer matrimonio. Asimismo, que no podrán contraer legalmente matrimonio las personas que no hayan cumplido esa edad, salvo que la autoridad competente, por causas justificadas y en interés de los contrayentes, dispense el requisito de la edad. Y la reforma introducida al derecho interno por la ley 23515 incorpora lo estipulado por el Tratado, a la par que eleva la edad mínima para celebrar matrimonio fijándola en dieciséis para la mujer y dieciocho para el varón (conf. art. 166 inc. 5 del CCiv.), sin perjuicio de quedar abierto el camino de la dispensa (art. 167 Código citado), para los jóvenes que no reúnan la edad mínima, pero cuenten con la madurez suficiente (conf. Belluscio-Zannoni, "Código Civil...", t. 7, ps. 714/717).
Por otra parte, la dispensa consiste en una exención a una formalidad o condición establecida por la ley. Por ende, la trascendencia del matrimonio y la falta de edad como impedimento dirimente, determinan que la dispensa a la incapacidad de los contrayentes menores constituya una medida de excepción. En este mismo orden de ideas, la dispensa sólo será otorgada cuando el interés de los menores así lo aconsejare (art. 167 citado). Mediante una forma amplia, la causal contemplada comprende aquellas situaciones en las que el beneficio o la conveniencia del menor son determinantes para realizar la excepción (conf. Belluscio-Zannoni, op. y loc. cit., ps. 730/731).
Al respecto, se ha sostenido que las peculiaridades del impedimento de falta de edad justifican que sea dispensable cuando el juez adquiere el convencimiento de que los que desean contraer matrimonio actúan con discernimiento para el acto y se encuentran en condiciones de asumir y satisfacer sus responsabilidades futuras como cónyuges y como padres. Sólo un interés evidente de los menores abona que se prescinda de la edad núbil y es posible que ese interés exista por razones circunstanciales a las que no es razonable oponer una actitud inflexible; a lo que cabe agregar que el impedimento en razón de edad comporta la anulabilidad del vínculo con nulidad relativa previéndose causales de caducidad de la acción (art. 220, inc. 1 del CCiv.), argumento que refuerza lo prudente de admitir la posibilidad de dispensa (conf. Méndez Costa-D’Antonio, "Derecho de Familia", t. I, p. 171).
En el caso, J. M. F., de 15 años, quien va a cumplir dieciséis el próximo 19 de noviembre (ver fotocopia certificada de fs. 14), pertenece a la comunidad gitana y pretende contraer matrimonio con J. A.T., de 18, de la misma comunidad, contando ambos jóvenes con la conformidad de las respectivas familias, a lo que cabe agregar que hace un año y medio que están conviviendo, encontrándose ya casados según las costumbres de la comunidad a la que pertenecen.
Cabe puntualizar que tales circunstancias de hecho fueron corroboradas tanto por el Sr. Juez de grado que autoriza la dispensa (ver acta de fs. 19), como por el Defensor de Menores e Incapaces (ver actas de fs. 21 y 22), quien además no invoca como causal de oposición que la menor carezca de voluntad de contraer matrimonio.
Y tal voluntad fue nuevamente ratificada ante el tribunal por ella y su novio (ver acta de fs. 56), quienes expresaron con libertad y sinceridad su proyecto de vida en común, la que llevan a cabo desde hace más de un año y medio conforme la tradición gitana, y pretendiendo que su unión, más allá de los usos y costumbres propios de su grupo de pertenencia, sea conforme al ordenamiento legal vigente.
Ello así, mal puede el tribunal negarse a confirmar el temperamento propiciado por el anterior magistrado si ha quedado debidamente demostrado que el interés de la menor así lo exige a poco que se advierta que ella y su novio están dispuestos a contraer matrimonio, con los consiguientes derecho sí obligaciones recíprocos que ello importa tanto para sí como para sus futuros hijos, contrariando así, a modo de ejemplo, la costumbre de inscribir los hijos a nombre de la madre solamente (ver fs. 1/2, 21 y concs.).
En conclusión, en una época en que muchas personas prefieren no asumir compromisos, mal puede la autoridad competente negar la dispensa sí, como en el caso, ha quedado ampliamente demostrada la firma voluntad de la menor y de su novio de contraer matrimonio.
A mayor abundamiento, una solución contraria importaría, desde la óptica de esta sala, incurrir en una actitud discriminatoria hacia el grupo de pertenencia de las partes aquí involucradas.
Por consiguiente, de conformidad con lo prescripto en el art. 17 del Pacto de San José de Costa Rica; art. 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. 2, 3, 12 y concs. de la Convención de los Derechos del Niño, normas legales anteriormente citadas y lo dictaminado a fs. 53/54 por el Sr. Fiscal de Cámara, quien presta conformidad con la dispensa pedida, se resuelve: Confirmar la resolución de fs. 31/32.
Notifíquese y devuélvase.

Juan C. G. Dupuis - Osvaldo D. Miras - Mario P. Calatayud.